El gobernador Claudio Poggi aseguró que San Luis debe ingresar en una etapa de austeridad tras varios años en los que el gasto superó a los ingresos. Por eso planteó debatir y consensuar reformas constitucionales. “Reducir la planta del Estado en 600 funcionarios implica construir 300 casas más por año”, ejemplificó.

 

Una de las propuestas más firmes que tiene el nuevo gobierno de San Luis está referida a la austeridad con la que se manejarán los recursos del Estado de ahora en adelante. Luego de los gastos en los que incurrió la gestión saliente, que dejaron exhaustas las arcas provinciales, Claudio Poggi propone un nuevo paradigma en materia institucional y en el manejo de la economía.

Para lograrlo, el primer mandatario le hizo un guiño al sanluiseño de a pie. “Nadie se puede hacer el distraído, tenemos el desafío de recuperar la confianza ciudadana en la política, en las instituciones y en el sistema republicano de gobierno que elegimos vivir como provincia y como nación. El ánimo de lo que fue la primavera democrática, parece haberse transformado en un sombrío invierno que tenemos la obligación de revertir”, exclamó Poggi durante el acto de asunción.

Está convencido de que hay una creencia fundada de que la clase política tiene privilegios que no gozan el resto de los ciudadanos. “Impera un sentimiento mayoritario de que ‘siempre gobiernan los mismos’, algo que se agudiza en épocas de crisis, como la que estamos atravesando, y aparece el clamor popular del ‘que se vayan todos’. Por eso comencemos rápidamente a debatir y consensuar reformas institucionales y constitucionales que eliminen los privilegios de la política y que sumen institucionalidad y austeridad en el Estado”, pidió.

Pero no se quedó en palabras. La primera medida fue reducir en un 40% la planta de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial. “Esto significa 600 funcionarios menos, con ese ahorro tendremos la posibilidad de construir 300 viviendas más por año”, calculó, para luego proponer fuertes cambios en la constitución política de los poderes del Estado.

“Analicemos la necesidad de convertir nuestra legislatura, hoy compuesta por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, en un sistema unicameral, como tienen 16 de las 24 Provincias argentinas. Debemos estudiar su efectividad, razonabilidad y aplicarlo a nuestro orden constitucional, lo que devendría en menores gastos, con mejor eficiencia legislativa”, explicó Poggi, quien también pretende modificar la periodicidad de los mandatos: “Hoy un gobernador o un intendente dura cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelegido por un solo período consecutivo. Luego puede transitar el intervalo de un período y volver a presentarse para la misma función ejecutiva.  ¿Por Qué no Impulsar una reforma constitucional que establezca que ningún ciudadano pueda ejercer como gobernador, intendente , el mismo cargo, por más de dos periodos?”, se preguntó. Serían ocho años como máximo sin poder regresar al cargo ejercido. “Eso permite renovar la política, oxigenarla. También se debería aplicar a los legisladores provinciales”, agregó.

Otro aspecto clave es el de la consanguinidad, que tampoco es saludable en política. “Renovar no significa que cuando uno termina el mandato, quien lo suceda sea el esposo o esposa, el hijo o la hija. No debe ser así.  Si no realizamos modificaciones normativas para que no sigan siempre los mismos… van a seguir siempre los mismos”, reflexionó el gobernador de San Luis.

Poggi aspira también a terminar con las elecciones cada dos años, suprimiendo las de medio término. “Esto lleva a que año por medio todas las fuerzas políticas destinemos una porción importante de nuestras energías y recursos para las elecciones, relegando muchas veces las necesidades de la gente, además de complicarle la vida”, expresó.

Otra demanda de la sociedad es la de suprimir gastos superfluos, siempre sin lesionar la calidad institucional. “Tomemos el modelo de otras provincias argentinas, donde los legisladores provinciales inician y concluyen su mandato en el mismo momento en que lo hace el Poder Ejecutivo. Así se vota cada cuatro años, generando una economía en los esfuerzos electorales y económicos, lo que va a redundar en beneficios para los ciudadanos”, argumentó.

En el mismo paquete de medidas analiza modificar el sistema electoral, cambiando las boletas sábanas por la boleta única de papel o el voto electrónico; además de terminar con la Ley de Lemas que impuso el gobierno saliente para mejorar sus chances electorales, aunque sin éxito. “El 11 de junio pasado vimos toneladas de papel apilados en cientos de mesas, lo que tornaba en una odisea para el elector poder encontrar la boleta deseada. Son herramientas para que todos los espacios políticos puedan competir en igualdad de condiciones, con más transparencia y austeridad”, recordó.

 

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